Gobierno centraliza impresión electoral en Talleres Gráficos pese a presuntas irregularidades
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El Gobierno de México busca que Talleres Gráficos de México asuma la producción de materiales electorales para reducir la dependencia de privados. El plan enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades previas en el organismo y una baja adopción actual por parte de los OPLE.
Compartir por WhatsAppEl Gobierno federal centralizará la impresión electoral en Talleres Gráficos de México. La presidenta Claudia Sheinbaum busca eliminar la dependencia de empresas privadas que, según ella, concentran el mercado.
Para ello, publicó un decreto que amplía la Junta de Gobierno a siete integrantes y nombra a Viridiana Yáñez como directora general. Sin embargo, la ASF documentó irregularidades administrativas en 17 adjudicaciones directas de Talleres Gráficos durante 2024.
✉️ Recibe lo importante del día en tu correo. Suscríbete gratis →Además, el consejero Arturo Chávez López denunció que el organismo no tenía capacidad técnica para producir credenciales para votar. Aunque el plan busca reducir privados, en 2024 el 59% de los organismos electorales locales no imprimió sus boletas en Talleres Gráficos.
El reto es que la modernización evite que los contratos cuestionados solo cambien de intermediario.
Contexto y datos
Para frenar la concentración del mercado en un grupo reducido de proveedores, el Gobierno federal estableció un plan de dos fases que concluirá en 2030 con una iniciativa para crear la Ley de la Imprenta Nacional de México. La primera etapa, vigente desde noviembre de 2026 hasta junio de 2027, contempla una reestructuración administrativa y mecanismos de fiscalización. En este periodo se exigirá que la persona titular de la dirección general no haya sido socia, representante ni empleada de proveedores electorales en los cinco años previos.
El decreto también ordena la creación de un padrón público de contratistas y un registro abierto de convenios y órdenes de producción con datos en formato abierto. Asimismo, se solicitará una auditoría anual voluntaria a la Auditoría Superior de la Federación y se prohibirá la contratación de empresas sancionadas o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio, buscando garantizar la capacidad técnica y financiera de los proveedores.
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