INE asciende a funcionaria investigada por contrato de 22 mdp sin licitación
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El INE designó a Karla Sofía Sandoval Domínguez al frente del Servicio Profesional Electoral Nacional el 16 de noviembre de 2026, tres días después de que el Órgano Interno de Control iniciara un procedimiento por faltas graves en un contrato de 22.3 millones de pesos con Ceneval sin licitación, que
Compartir por WhatsAppINE asciende a funcionaria investigada por contrato de 22 millones sin licitar. Karla Sofía Sandoval Domínguez asumió el 16 de noviembre como encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional.
El 3 de noviembre, el Órgano Interno de Control abrió procedimiento por faltas graves. La acusa de autorizar a Ceneval por una suma millonaria sin estudio de mercado ni licitación.
✉️ Recibe lo importante del día en tu correo. Suscríbete gratis →El examen falló el 16 de mayo, afectó a 17 mil aspirantes y se repitió en junio. Blanca Cruz defendió el nombramiento por su experiencia; dice el trámite no impide el cargo.
Sandoval comparece el 26 de noviembre; el expediente menciona posible abuso de funciones y denuncia a FGR.
Contexto y datos
El caso se originó tras el concurso público de 2026 para cubrir alrededor de 300 plazas, en el cual se contrató a la institución educativa por un monto de 22 millones 371 mil 350 pesos. El expediente detalla que la funcionaria dio su visto bueno y firmó el dictamen para saltarse el estudio de mercado, bajo el argumento de que se trataba de un servicio especializado, lo que impidió garantizar las mejores condiciones de precio y calidad conforme al artículo 134 constitucional.
Además de Sandoval Domínguez, el Órgano Interno de Control investiga a otros tres exservidores públicos: Jesús Octavio García González, exadministrador; Jorge Egren Moreno Troncoso, exdirector del Servicio Profesional Electoral Nacional; y Mario Alfonso Burciaga, exdirector de Recursos Materiales. La investigación señala que existen indicios de que el proveedor ya estaba previamente identificado desde las etapas iniciales del procedimiento.
Las deficiencias técnicas obligaron a cancelar la prueba digital del 16 de mayo y a reponer el proceso en junio mediante exámenes impresos, lo que ocasionó un perjuicio al servicio público y un gasto de recursos adicionales. Fuentes del instituto señalaron que este expediente podría derivar en una de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República.
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