Petro advierte sobre golpe de Estado en Colombia tras denuncias de senadores de oposición

ACTUALIZADO · El presidente Gustavo Petro denunció un intento de golpe de Estado tras la investigación del CNE sobre su campaña electoral, mientras el senador Rafael Nieto anuncia una denuncia penal por sus declaraciones en Cali.
Compartir por WhatsAppActualización 09:03 h
El 7 de septiembre, el presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaba dando pasos hacia un "golpe de Estado" al investigarlo por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña electoral de 2022. Según Petro, el CNE, que solo puede investigar aspectos administrativos, intenta suspenderlo de sus funciones, lo cual él considera una violación a la Constitución y a la inmunidad presidencial. La investigación, revelada por el periodista Daniel Coronell en W Radio, concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites de gasto en más de 5 300 millones de pesos y recibió aportes de personas jurídicas prohibidas. El contexto inmediato es la reciente elección presidencial de 2022, en la que Petro ganó con un margen estrecho y la campaña estuvo marcada por controversias sobre financiamiento. El CNE, organismo electoral, inició la investigación poco después de la toma de posesión del presidente, lo que generó tensiones entre el Ejecutivo y el órgano regulador. Entre los actores clave se encuentran el presidente Gustavo Petro, el CNE y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que tiene competencia para investigar penalmente al mandatario. El senador Rafael Nieto, del Centro Democrático, anunció que presentará una denuncia penal contra Petro por sus declaraciones en Cali, donde el exjefe de Estado sugirió que la movilización popular pudiera cambiar el gobierno sin esperar las elecciones. Las reacciones oficiales incluyen la respuesta del CNE, que sostiene que su investigación es legítima y se limita a aspectos administrativos, y la de la Cámara de Representantes, que ha abierto una investigación penal contra el presidente. Petro, por su parte, ha pedido que se respeten las instituciones y la Constitución. Lo que sigue es la apertura de la investigación penal por parte de la Cámara, la posible presentación de la denuncia penal por parte del senador Nieto y la evolución de las tensiones entre el Ejecutivo y el CNE, con la posibilidad de que se intensifiquen las medidas disciplinarias o se busque una mediación institucional.
El 19 de noviembre, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro pronunció un mensaje en el que aseguró que no permitirá que se amenace la democracia y que cualquier intento de golpe será rechazado con fuerza legítima. La declaración surgió poco después de que, en una aparición en Cali, exhortara a la ciudadanía a actuar en las calles sin esperar las elecciones de 2027 o 2030, lo que fue calificado por sectores de oposición como una invitación a derrocar al gobierno.
✉️ Recibe lo importante del día en tu correo. Suscríbete gratis →Petro, quien ganó las elecciones presidenciales de 2022 con un 53 % de los votos, ha sido acusado por la oposición de promover la violencia y la inestabilidad. Su discurso en Cali, donde afirmó que una movilización popular masiva podía cambiar el gobierno, fue recibido con rechazo por el Congreso y por sectores críticos, quienes recordaron que el poder fue obtenido de manera democrática y que la Constitución debe respetarse.
El senador Rafael Nieto Loaiza, del Centro Democrático, anunció una denuncia penal contra Petro por lo que considera una incitación a delinquir. Nieto sostiene que las diferencias sobre la legitimidad del gobierno deben resolverse por vías institucionales y que las palabras de Petro constituyen una amenaza a la estabilidad constitucional.
En respuesta, el presidente Petro reiteró su compromiso de defender la democracia. La denuncia de Nieto se presentará ante la Fiscalía y el proceso seguirá las vías legales vigentes.
La situación pone de relieve la polarización política en Colombia, donde la oposición acusa al gobierno de autoritarismo y el gobierno defiende la legalidad de sus decisiones. El próximo paso será la audiencia de la denuncia y la posible respuesta de Petro, quien ha mantenido su postura de que la movilización popular es un derecho legítimo.
El caso seguirá en la agenda del Congreso y de los tribunales, mientras los ciudadanos y los actores políticos observan de cerca las implicaciones para la estabilidad del país.
Actualizado 08:18 h (centro de México). Información en desarrollo; OKpolítico ampliará esta nota con datos verificados y el video explicativo.
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