Auditoría de NL detecta presuntas triangulaciones por mil 793 mdp
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La Auditoría Superior del Estado de Nuevo León reportó presuntas triangulaciones por mil 793.9 millones de pesos hacia un despacho vinculado a Samuel García. Los datos provienen de la revisión de la Cuenta Pública 2025. Fuentes: El Imparcial, Viva la Noticia, El Ágora.
Compartir por WhatsAppLa Auditoría de Nuevo León detectó presuntas triangulaciones por 1,793.9 millones de pesos. El auditor Alejandro Reynoso señaló que el dinero habría terminado en un despacho vinculado al gobernador Samuel García y su padre.
El informe detalla que 1,696.6 millones de pesos fueron transferidos por proveedores gubernamentales hacia dicha firma. También se señalan 23.2 millones de pesos del DIF estatal que habrían pasado por cinco empresas filiales.
✉️ Recibe lo importante del día en tu correo. Suscríbete gratis →El Imparcial aclara que esto no equivale a una sentencia por desvío ni acredita responsabilidad penal del mandatario. Las autoridades deben esclarecer el destino final de estos recursos públicos en Nuevo León.
Contexto y datos
Los hallazgos informados ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local sobre la revisión de la Cuenta Pública 2025 forman parte de una investigación que incluye tres rutas financieras. Adicionalmente a las transferencias de proveedores directos y del DIF estatal, el informe contempla 74.1 millones de pesos vinculados con operaciones que involucran a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y al Isssteleón, así como 418.8 millones de pesos por concepto de presuntos rendimientos financieros generados por el despacho jurídico.
Estas observaciones de la fiscalización estatal se suman a las revisiones presentadas en octubre por la Auditoría Superior de la Federación, organismo que detectó transferencias previas por al menos 728.13 millones de pesos mediante esquemas similares con contratistas del gobierno estatal. Las instancias de fiscalización identificaron que las operaciones se realizaron a través de centenas de depósitos hacia la firma legal, por lo que el Congreso de Nuevo León ha solicitado la intervención de autoridades federales para deslindar responsabilidades.
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