Opinión | Partido Somos demandará a Sheinbaum y Buenrostro por presunta difamación

El partido Somos anunció que demandará a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, por daño moral y difamación. La organización política considera que el Gobierno federal busca involucrarla en un esquema de irregularidades que comenzó décadas antes de su fundación.
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La presidenta Claudia Sheinbaum relacionó públicamente al partido Somos con Juan Carlos Padilla Aguilar, antiguo funcionario público que fue superior jerárquico de José Alfredo Hernández Casillas, uno de los empresarios investigados por contrataciones millonarias con organismos electorales. La investigación presentada por Buenrostro señala que las empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas obtuvieron contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.
Respuesta de Somos
Somos acusó a Sheinbaum de intentar trasladar la atención pública hacia otros actores políticos, en lugar de concentrarse en las presuntas irregularidades registradas durante la administración de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), entre 2023 y octubre de 2026. La organización política considera que la crisis más profunda que ha vivido el INE debe resolverse con seriedad y responsabilidad, no con infamias.
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Somos anunció que recurrirá a instancias judiciales contra Sheinbaum y Buenrostro, a quienes acusó de buscar responsables ajenos a los hechos investigados. La organización política sostuvo que la infamia crece día con día y ahora pretende involucrar a Somos en una trama inventada por la presidenta, sin sustento, que se remonta un cuarto de siglo atrás.
Respuesta del otro lado
La presidenta Sheinbaum sostuvo que Juan Carlos Padilla Aguilar participa actualmente en Somos, organización en la que también se encuentra Lorenzo Córdova, expresidente del INE, y que mantiene vínculos políticos con Guadalupe Acosta Naranjo. Sheinbaum señaló que Padilla Aguilar fue quien incorporó al servicio público a los hermanos Hernández Casillas, cuyas empresas obtuvieron contratos electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.
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