Opinión | ASF investiga presuntas irregularidades por 514 mdp en contratos vinculados al INE

OPINIÓN. El expresidente Vicente Fox sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum conduce una “narrativa polarizante y sistemática” contra la oposición a partir del escándalo de contratos del INE. Más allá del tono de Fox, el modo en que el gobierno presentó el caso deja dudas legítimas.

Un escándalo real que se mezcla con la disputa política

El problema de fondo no es menor. La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio sobre contratos del INE y de organismos electorales locales, y según los reportes detectó irregularidades en contratos por 514 millones de pesos con empresas vinculadas a José Alfredo Hernández Casillas. Se reportó también que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 40 cuentas de personas vinculadas con proveedores del instituto, entre ellas las de Guadalupe Taddei y las de los hermanos Hernández Casillas. Taddei anunció su renuncia a la presidencia del INE a finales de octubre.

Con ese antecedente, lo que la ciudadanía espera es información clara sobre quién autorizó qué, cuánto costó y quién responde. Sin embargo, la conversación pública se desplazó a una discusión sobre quién es de quién, y ahí es donde el gobierno tiene responsabilidad.

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Lo que se presentó en la mañanera

Sheinbaum expuso información de una investigación de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro. Señaló que José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas trabajaron en el RENAPO y el CISEN durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que Juan Carlos Padilla Aguilar habría sido su superior y que años después los hermanos se volvieron proveedores de institutos electorales. Añadió que Padilla fue en 2022 representante en el Estado de México de la organización de Guadalupe Acosta Naranjo y que hoy es militante de Somos, y que Lorenzo Córdova forma parte del consejo consultivo de esa organización.

Son datos que enlazan nombres de la oposición con la trama, pero no establecen por sí mismos responsabilidad alguna. Ninguna de las personas mencionadas ha sido declarada responsable por una autoridad judicial, y no se localizó un pronunciamiento de Padilla. Presentar esa cadena de vínculos desde un podio con alcance nacional, antes de que la Fiscalía General de la República determine responsabilidades, alimenta justo la lectura que hace Fox: que la agenda se marca desde la mañanera.

Una contradicción que pesa

La propia presidenta afirmó que el esquema de contratación con dos grandes empresas viene desde 1999, que continuó con Córdova entre 2014 y 2023 y que siguió durante la gestión de Taddei. Es decir, el esquema que cuestiona sobrevivió también a la actual presidencia del INE, y ese tramo es el más reciente y el más relevante para rendir cuentas. Acosta Naranjo lo reclamó a su manera: “TADDEI ES MORENA, TADDEI ES AMLO, TADDEI ERES TÚ”. Es una frase del dirigente de Somos, no un hecho comprobado, pero apunta a una pregunta que el gobierno no ha respondido con claridad.

Para la gente, el costo es concreto: son recursos públicos y la confianza en las elecciones. Cuando el caso se convierte en pleito entre partidos, se diluye lo que importa, que es saber si hubo daño al erario y quién lo causó.

La respuesta del gobierno

Con justicia, hay que recoger la posición de la presidenta. Sheinbaum sostuvo que las presuntas irregularidades deben analizarse a partir de los antecedentes del organismo y no atribuirse solo a la actual presidencia, y pidió esperar las auditorías antes de hablar de cargos contra Taddei. Hasta ahora no se localizó una respuesta de la Presidencia a lo dicho por Fox. Tampoco conviene idealizar el mensaje del expresidente, que cerró con un llamado a sus seguidores y escribió mal el nombre de Córdova. Pero un mensaje partidista no vuelve irrelevante la crítica: el gobierno puede aclarar el caso sin convertirlo en espectáculo político.

Qué sigue

Corresponde a la FGR determinar posibles responsabilidades, y la ASF continúa su investigación. Está pendiente que se conozcan los resultados de las auditorías y que Padilla Aguilar se pronuncie. Lo que debe exigirse al gobierno es que sus acusaciones lleguen a una denuncia formal y a pruebas, no solo a la conferencia matutina.

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