Denuncian a Broxel ante FGR, SAT y UIF por presunta asignación irregular de contratos

La empresa Broxel, S.A.P.I. de C.V., contratada por la Cámara de Diputados para la dispersión de fondos, es objeto de indagatorias por parte de autoridades federales ante señalamientos de opacidad, conflictos de interés y posibles prácticas monopólicas.

Denuncias y sanciones previas

Desde diciembre de 2025, la empresa ha sido denunciada ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por la asignación de contratos sin licitación.

El historial de la empresa incluye sanciones previas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En 2020, fue amonestada por incumplir disposiciones de prevención de lavado de dinero al retrasar reportes del ejercicio 2018. Posteriormente, en 2022, recibió una sanción económica por proporcionar información falsa, imprecisa e incompleta a la autoridad regulatoria.

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Contratos públicos y señalamientos de la ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades financieras en Liconsa durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, vinculadas a la administración de recursos mediante tarjetas de prepago gestionadas por Broxel. Las anomalías sumaron mil 583.9 millones de pesos, derivadas de la falta de comprobación de padrones y la existencia de facturas e inventarios señalados como ficticios.

En el ámbito legislativo, la empresa es la encargada de dispersar vales de despensa y gasolina para el personal de San Lázaro. Además, ha entregado monederos electrónicos precargados con 10 mil pesos a los 254 congresistas de Morena. En el caso del Infonavit, se documentó que entre 2016 y 2024, el 80% de los convenios otorgados a la empresa fueron mediante adjudicación directa.

Investigación por posibles prácticas monopólicas

De manera paralela, la Comisión Nacional Antimonopolio inició el 11 de junio de 2026 una investigación por posible abuso de dominancia en el mercado de vales de despensa y medios de pago electrónicos. El organismo busca determinar si existen conductas que impidan la competencia, tales como el condicionamiento en comercios para aceptar únicamente tarjetas de ciertos emisores.

La Comisión aclaró que el inicio de este proceso no implica la comprobación de una infracción, sino el comienzo de una etapa de análisis que puede extenderse hasta por 120 días hábiles, prorrogables en tres ocasiones, para determinar si hubo violaciones a la ley.

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