Saltar al contenido
Suscríbete
Cargando mercados…
⚖️ ILITIA asistente legal con IA gratis🇺🇸 Mexicanos en EE. UU. guías y encuentra a tu familia📊 Aprobación presidencial encuesta de encuestas🗳 Elecciones 2027 encuestas y resultados
El Periódico de hoy · PDF gratis🗺 Mapa de MéxicoCanal de TelegramNewsletterAnúnciate
Miércoles 18 de noviembre de 2026 · Política y economía de México
Oliver Ken explica

DEA acusa nexos políticos-cárteles: ¿cooperación o injerencia?

▶ Ver este video en YouTube y suscríbete

DEA acusa nexos políticos-cárteles: ¿cooperación o injerencia?
Fotos: Wikipedia / Wikimedia Commons

La DEA acusa nexos entre políticos mexicanos y cárteles: Terry Cole advierte que expondrá a funcionarios corruptos tras la sentencia a Tony Montana. Repasamos las acusaciones de abril contra el gobernador Rocha Moya, la lista de 35 políticos de Morena, el reconocimiento a García Harfuch y el contras

18 de noviembre de 2026 · Redacción OKpolítico

La advertencia de Cole y la sentencia a Tony Montana

El 17 de noviembre de 2026, el director de la DEA, Terry Cole, anunció que la agencia continuará investigando y exponiendo presuntos nexos entre organizaciones criminales y actores políticos corruptos en México. La declaración se produjo tras la sentencia contra un familiar directo del líder del CJNG.

Antonio Oseguera Cervantes, alias Tony Montana y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, recibió una condena de 22 años y medio de prisión en Estados Unidos. La sentencia refuerza el señalamiento de la DEA sobre la estructura del cártel.

✉️ Recibe lo importante del día en tu correo. Suscríbete gratis →
Publicidad

Cole afirmó que la corrupción en México alimenta las redes de los cárteles que amenazan a comunidades estadounidenses y que la DEA buscará llevar ante la justicia tanto a criminales como a quienes usen cargos públicos para protegerlos. Según Publimetro, la advertencia no identifica funcionarios específicos ni presenta pruebas nuevas.

La presión no es nueva: en junio de 2024, Reuters reportó que Estados Unidos presionó a México para procesar a políticos vinculados a cárteles, mencionando a cinco funcionarios de Morena y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila,

a quien el gobierno estadounidense le revocó la visa de turista. Datos independientes contrastan la percepción: la ENCI G 2023 del INEGI registra que el 71 % de la población considera la corrupción política muy frecuente o frecuente,

y el 62 % cree que los políticos están involucrados en actividades del crimen organizado. La brecha judicial es amplia: la ONU documenta solo 12 procesos abiertos por EE. UU. contra políticos mexicanos entre 2018 y 2023,

ninguno con condena; el OVS de la UNAM contabilizó 1,842 denuncias de narcocorrupción contra funcionarios locales en 2024, de las cuales solo el 27 % fueron investigadas por la FGR.

La advertencia de Cole se enmarca en la sentencia a Tony Montana y en una historia de señalamientos cruzados: la DEA exige cooperación y resultados, mientras las encuestas y los expedientes judiciales mexicanos muestran alta percepción de colusión y baja prosecución efectiva.

Acusaciones previas, Harfuch y la lista de 35 políticos

El 29 de abril de 2026, la DEA hizo pública una acusación formal contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve exfuncionarios sinaloenses, alegando que colaboraron con el Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político.

La Fiscalía General de la República no ha confirmado investigaciones paralelas sobre esos señalamientos. En agosto de 2026, Terry Cole acusó sin presentar pruebas públicas que altos funcionarios mexicanos trabajan directamente con cárteles,

aunque días después reconoció al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos. La DEA mantiene comunicación diaria con Harfuch.

La DEA tendría una lista de 35 políticos de Morena con presuntos vínculos criminales, elaborada entre 2017 y 2021 durante la administración Trump y reactivada tras su regreso a la Casa Blanca.

La lista no ha sido verificada oficialmente ni presentada en un proceso judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la soberanía y la cooperación en pie de igualdad,

mientras senadores del PRI y PAN citaron el informe DEA 2024 para denunciar una supuesta alianza electoral entre Morena y el narco. El próximo capítulo contrasta la postura oficial con datos de percepción y procuración de justicia.

Postura oficial vs. datos independientes: percepción e impunidad

La postura oficial de EE. UU., vía DEA y Departamento de Estado, sostiene que la cooperación mexicana es insuficiente y que existen nexos documentados entre políticos, militares y cárteles.

En junio de 2024, Reuters reveló que EE. UU. presionó a México para investigar a cinco funcionarios de Morena y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a quien le revocaron la visa de turista.

El contraste lo marcan los datos mexicanos: la ENCI G 2023 del INEGI muestra que el 71 % de la población considera la corrupción política muy frecuente o frecuente, y el 62 % cree que los políticos están involucrados en actividades del crimen organizado.

La percepción ciudadana coincide con la narrativa de la DEA. Pero la procuración de justicia es distinta: la ONU documentó solo 12 procesos judiciales abiertos por EE. UU.

contra políticos mexicanos entre 2018 y 2023, ninguno con condena. El Observatorio de Violencia y Seguridad de la UNAM reportó 1,842 denuncias de narcocorrupción contra funcionarios locales en 2024; solo el 27 % fue investigado por la FGR.

ProPublica y la Asociación de Periodistas Investigadores detectaron flujos de millones de dólares de cárteles a campañas y 43 casos de políticos con vínculos a empresas fachada, pero la Fiscalía federal no ha presentado cargos.

La CNDH, por su parte, registra una caída del 93 % en quejas de detención arbitraria contra fuerzas armadas respecto al sexenio de Calderón. El siguiente capítulo analiza qué sigue con el retorno de Trump y la reforma judicial.

Trump, reforma judicial y el futuro de la cooperación

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025 reactivó la presión bilateral. Su administración ha vinculado la cooperación en seguridad a resultados medibles contra el fentanilo y a la investigación de políticos señalados.

La DEA entregó 29 figuras de cárteles a EE. UU. en febrero de 2024, la mayor entrega en años. En México, la reforma judicial de 2024 cambió la elección de jueces y magistrados, lo que genera incertidumbre sobre la autonomía para procesar delitos de alto impacto y narcocorrupción.

Organizaciones como la API advierten que solo 5 de 43 casos documentados de políticos ligados a cárteles llegaron a la Fiscalía y ninguno terminó en detención. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que la colaboración debe respetar la soberanía y rechaza listas unilaterales sin pruebas judiciales.

Sin embargo, la percepción ciudadana es crítica: según el CONEVAL, el 58 % de la población percibe que la seguridad pública está deteriorada debido a una presunta colusión entre autoridades y cárteles,

lo que pone presión sobre la administración para demostrar resultados reales en la depuración de los mandos. Lo que sigue: la publicación del próximo Informe Nacional de Amenaza de Drogas de la DEA,

las decisiones de la nueva Suprema Corte mexicana sobre casos de narcocorrupción y la posible desclasificación de expedientes en EE. UU. ¿Servirá la presión externa para romper la impunidad interna o profundizará el choque diplomático? Tu opinión en los comentarios.

Publicidad
Temas:Morena
Publicidad
✉️ Recibe el resumen del día en tu correoGratis, de lunes a viernes. Un correo por mañana, sin spam.