UIF congela de forma preventiva cuentas de Guadalupe Taddei y 40 implicados

La Fiscalía General de la República inició una investigación formal por presuntos actos de corrupción y conflicto de interés durante la gestión de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei.
Compartir por WhatsAppBloqueo financiero y renuncia en el gobierno de Sonora
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó previamente sobre el bloqueo de cuentas de 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales tras identificar operaciones financieras con elementos de riesgo. Posteriormente, se confirmó que el acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera incluye a Guadalupe Taddei Zavala, .
El escándalo alcanzó al gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, tras confirmarse el congelamiento de cuentas de Luis Rogelio Piñeda Taddei —hijo de la exfuncionaria electoral—, quien se desempeñaba como secretario particular del gobernador y renunció a su cargo tras la revelación. La misma medida aplicó para Humberto Taddei Zavala, hermano de la exconsejera y otrora funcionario en la televisión pública estatal, Telemax.
✉️ Recibe lo importante del día en tu correo. Suscríbete gratis →Exfuncionarios y red de proveedores señalados
El acuerdo de la UIF también incluye las cuentas de los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, dueños de la red de empresas beneficiadas con contratos del Instituto Nacional Electoral, así como de ocho exdirectivos y colaboradores cercanos a Guadalupe Taddei. Entre ellos figuran Jesús Octavio García González, ex director ejecutivo de Administración del INE y apoderado legal de las empresas de los hermanos Hernández Casillas, y Jonathan Navarrete Torres, quien aparecía como chofer de la exfuncionaria y a la par era apoderado de una de las compañías proveedoras.
La lista de exfuncionarios con cuentas bloqueadas comprende a Iliana Araceli Hernández Gómez, ex titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; José Alberto Pérez de Acha, de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Mario Alfonso Burciaga Esparza, exdirector de Recursos Materiales; Enna Patricia García Rodríguez, exdirectora de Recursos Financieros; Luis Alberto Bustamante Canizales, colaborador cercano desde la época del instituto electoral de Sonora, y Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis.
Qué sigue
Las investigaciones sobre los hechos están a cargo de la Fiscalía General de la República para determinar la ruta de los recursos, esclarecer responsabilidades y definir las sanciones o inhabilitaciones que correspondan en el ámbito administrativo y penal. El bloqueo de cuentas constituye una medida preventiva de carácter financiero que no establece por sí misma la culpabilidad de las personas físicas y morales incluidas en la lista, las cuales permanecen inmovilizadas hasta que se emita un acuerdo posterior.
Actualización 13/11 15:32 h
Personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, con el apoyo de la Policía Federal Ministerial, acudió durante dos días consecutivos a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Las revisiones y solicitudes de documentación se concentraron en la Torre Zafiro, sede de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios —área que encabezó Mario Alfonso Burciaga Esparza—, así como en las oficinas centrales de Tlalpan, donde se requirieron datos a la Secretaría Ejecutiva, instancia dirigida en su momento por Claudia Arlett Espino.
Blanca Cruz García, consejera presidenta provisional, aclaró en entrevista que las actuaciones ministeriales no constituyeron un cateo ni el aseguramiento de instalaciones, sino la entrega de archivos documentales solicitados formalmente por las autoridades. La funcionaria precisó que los agentes acudieron a revisar expedientes y contratos, pero puntualizó que la oficina que ocupaba la expresidenta Guadalupe Taddei no ha sido objeto de diligencias hasta el momento.
Las indagatorias ministeriales derivan de denuncias por consejeros del propio organismo electoral, a las cuales se sumaron seis denuncias penales promovidas por el Órgano Interno de Control. Estas acciones legales acusan posibles delitos como uso ilícito de atribuciones, falsificación de documentos, , ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
El expediente centraliza las pesquisas en torno a la asignación de contratos a empresas vinculadas con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado como proveedor durante la gestión de Taddei. En las investigaciones también figura una grabación en la que aparece Hernández Casillas en una cena junto a exfuncionarios del instituto, entre ellos Mario Alfonso Burciaga Esparza.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, encabezada por María de Luz Mijangos Borja, continuará con el análisis de la documentación física y digital recabada, la cual incluye contratos, oficios, acuerdos y expedientes administrativos. Por su parte, la presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral indicó que el organismo mantendrá la apertura y colaboración con las instancias competentes conforme se presenten nuevos requerimientos dentro de la carpeta de investigación en curso.
Actualización 14/11 07:39 h
Las actuaciones de la autoridad ministerial se han concentrado en la Torre Zafiro, sede de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, y en las oficinas centrales de Tlalpan, donde se ubica la Secretaría Ejecutiva. Blanca Cruz García, presidenta provisional del INE, precisó que estas acciones no constituyen cateos, sino el cumplimiento de requerimientos específicos de información y documentación a los que el organismo ha brindado acceso.
La funcionaria confirmó que, hasta el momento, no se han realizado inspecciones en la oficina que ocupaba Guadalupe Taddei, aunque no descartó que la autoridad investigadora pueda ampliar sus diligencias a dicha área. Las labores son coordinadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, bajo la titularidad de María de Luz Mijangos Borja.
La investigación incluye el nombre de José Alfredo Hernández Casillas, señalado como proveedor durante dicha gestión, quien aparece en una grabación junto a exfuncionarios del instituto. Este proceso se intensificó tras la renuncia de Taddei a la presidencia del Consejo General el pasado 26 de octubre, en medio de señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre un entramado de presuntas empresas fantasma y esquemas de subcontratación.
Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 40 personas vinculadas con proveedores del organismo: 25 personas físicas y 15 personas morales con operaciones que presentaban elementos de riesgo. Esta medida administrativa derivó en una denuncia de la propia UIF ante la FGR.
La FGR continuará realizando diligencias en el INE para esclarecer el destino del presupuesto público y el otorgamiento de contratos. El organismo electoral mantiene la colaboración con la Fiscalía para la integración de pruebas al expediente.
Actualización 14/11 10:34 h
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, a cargo de María de Luz Mijangos Borja, encabeza las pesquisas. Durante los días 13 y 14 de noviembre, elementos de la Policía Federal Ministerial llevaron a cabo inspecciones en la Torre Zafiro, sede de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, así como en las oficinas centrales ubicadas en Tlalpan.
Blanca Cruz García, presidenta provisional del INE, confirmó que la institución ha entregado la información requerida por la autoridad ministerial, la cual incluye archivos documentales y contratos. La funcionaria precisó que las acciones no constituyen cateos, sino requerimientos de información dirigidos a áreas específicas, como la Secretaría Ejecutiva, y aclaró que, hasta el momento, no se han realizado diligencias en la oficina que ocupó Taddei.
La investigación se centra en el otorgamiento de contratos a empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas, señalado como proveedor durante la gestión de Taddei. El caso cobró relevancia tras la difusión de una grabación en la que aparece Hernández Casillas en una cena junto a exfuncionarios del instituto, entre ellos Mario Alfonso Burciaga Esparza, quien encabezó la Dirección de Recursos Materiales y Servicios.
Actualización 14/11 13:20 h
Agentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, apoyados por la Policía Federal Ministerial, se presentaron en dos sedes del INE para recabar información. Las intervenciones se concentraron en las oficinas centrales ubicadas en Tlalpan y en la Torre Zafiro, en Jardines del Pedregal, donde se encuentra la Dirección Ejecutiva de Administración.
Blanca Cruz García, presidenta provisional del INE, confirmó que las autoridades solicitaron documentación específica a la Secretaría Ejecutiva y a la Dirección de Recursos Materiales. La funcionaria precisó que estas acciones no constituyen un cateo ni un aseguramiento de las instalaciones, sino una serie de requerimientos ministeriales para integrar pruebas al expediente que encabeza la fiscal María de Luz Mijangos Borja.
La carpeta de investigación se centra en posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y procesos de contratación ocurridos bajo la administración de Guadalupe Taddei, quien concluyó su encargo el pasado 26 de octubre. Las indagatorias apuntan a contratos otorgados a empresas vinculadas con los hermanos Casillas, incluyendo a José Alfredo Hernández Casillas, quien ha sido señalado como proveedor del instituto.
De acuerdo con la información disponible, las autoridades revisan la participación de diversas áreas en la autorización de contratos y el posible conflicto de interés tras la difusión de registros donde figuran exfuncionarios del organismo, como Mario Alfonso Burciaga Esparza, en reuniones con proveedores. Hasta el momento, la oficina que ocupaba la expresidenta no ha sido objeto de revisión directa.
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