Hijo de Taddei renuncia en Sonora por bloqueo UIF

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Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del INE Guadalupe Taddei, renunció como secretario particular del gobernador de Sonora Alfonso Durazo tras el congelamiento de sus cuentas por la UIF. La investigación abarca 40 personas, contratos por 2,500 mdp e incluye a la exconsejera, su herma

Luis Rogelio Piñeda Taddei renuncia tras que la UIF congela sus cuentas. Renunció el 11 noviembre tras el bloqueo de 40 cuentas (acuerdo UIF/110/G/4141/2026) por contratos de más de 2,500 mdp con organismos electorales.

Entre los bloqueados están Guadalupe Taddei, su hermano Humberto y ocho exfuncionarios; la UIF denunció a la FGR por lavado de dinero. El 29 de octubre, gobernador Alfonso Durazo negó la existencia de un "clan Taddei" y defendió a Piñeda, afirmando que no lo cesaría sin pruebas.

El bloqueo se informó en comunicado oficial de la SHCP el 10 noviembre 2026. Familiares de Guadalupe Taddei, como la diputada Ivana Celeste y Jorge Carlos (CONANP), ocupan cargos públicos; la FGR investigará responsabilidades.

Contexto y datos

Luis Rogelio Piñeda Taddei ingresó a la administración estatal en enero 2025 como secretario de la Consejería Jurídica y, ocho meses después, fue ascendido a secretario particular del gobernador Alfonso Durazo. Según el Portal de Transparencia, su remuneración mensual ascendía a 138 494 pesos, a lo que se sumaba una prima vacacional de 65 691, 3 pesos. Antes de ocupar estos cargos, había dirigido el Centro de Estudios Parlamentarios del Congreso de Sonora y había sido Director General de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional, funciones que le permitieron consolidar una trayectoria dentro del aparato estatal.

El bloqueo de cuentas ordenado por la UIF, bajo el acuerdo UIF/110/G/4141/2026, incluyó a 40 personas y empresas vinculadas a proveedores electorales, entre ellas a la exconsejera del INE, Guadalupe Taddei, su hermano Humberto y ocho exfuncionarios del organismo. La medida se basó en la detección de operaciones financieras que presentaban elementos de riesgo, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen posibles delitos de lavado de dinero y corrupción, aunque precisó que el congelamiento es una medida preventiva que no implica culpabilidad.