Opinión | Poder Judicial elimina evaluaciones tras paros

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El Poder Judicial de la Federación abrogó el acuerdo AG-POAJ-025/2026 que regulaba la evaluación de desempeño. Tras paros en 17 estados, se eliminaron sanciones vinculadas al rendimiento. Datos del INEGI y CNDH contrastan el impacto de la suspensión de labores en el acceso a la justicia.

El Poder Judicial abrogó el acuerdo de evaluación laboral tras protestas y paros. El Órgano de Administración Judicial canceló la norma que permitía evaluar el desempeño de secretarios y actuarios.

Sindicatos acusaron que los criterios de calificación eran subjetivos y ponían en riesgo la estabilidad de la carrera judicial. El OAJ afirma que la medida garantiza la justicia pronta al levantar las protestas de los trabajadores.

Sin embargo, las suspensiones de labores afectaron la atención institucional frente a los más de 640 mil amparos que recibe el Poder Judicial. La CNDH y reportes judiciales confirmaron que la paralización afectó directamente el derecho de acceso a la justicia al suspender plazos y audiencias.

Contexto y datos

El conflicto se originó tras la emisión del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, aprobado el pasado 5 de noviembre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ), encabezado por Néstor Vargas Solano. Dicha normativa pretendía regular la primera evaluación al personal de carrera, programada originalmente para desarrollarse durante diciembre de este año. Sin embargo, el contenido de las reglas generó un rechazo inmediato entre la base trabajadora ante el temor de que los criterios de calificación derivaran en sanciones o en la separación definitiva de sus cargos.

Las movilizaciones alcanzaron a la Ciudad de México y a 17 entidades federativas, con bloqueos en vialidades principales como avenida Insurgentes y Periférico Sur, así como concentraciones en las inmediaciones del Palacio de Justicia Federal en San Lázaro. Ante la presión y la falta de acuerdos iniciales, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, intervino en mesas de diálogo con los tres sindicatos del Poder Judicial de la Federación para frenar la parálisis operativa que mantenía cerrados decenas de órganos jurisdiccionales.

De acuerdo con registros oficiales del INEGI sobre la impartición de justicia federal, el volumen operativo cotidiano incluye la atención de más de 640 mil juicios de amparo indirecto en los juzgados de distrito, además de miles de asuntos en los tribunales colegiados. La suspensión prolongada de actividades impactó directamente en el cumplimiento de los plazos legales y en el desahogo de audiencias, evidenciando el reto institucional que representa conciliar los procesos de evaluación interna con la continuidad en la prestación de los servicios jurisdiccionales para la ciudadanía.