Paro de trabajadores del INE frenará módulos en 20 estados por demanda de mejoras laborales

Cerca de 5 mil trabajadores operativos del Instituto Nacional Electoral rechazaron laborar bajo protesta y confirmaron un paro nacional para el 9 de noviembre, lo que suspenderá la atención en 750 módulos de credencialización en 20 entidades del país debido a demandas por salarios precarios y malas condiciones laborales.

Exigen salarios dignos y mejores condiciones de trabajo

El personal encargado de tomar huellas dactilares, fotografías y realizar los trámites para la credencial para votar denunció que percibe sueldos raquíticos que ni siquiera alcanzan el salario mínimo nacional. Edgar Fernández, representante de los trabajadores, explicó en entrevistas radiofónicas y videomensajes que las jornadas se extienden hasta por 12 horas, de las 8:00 a las 20:00 horas, con apenas 12 minutos asignados para comer. Asimismo, acusaron falta de insumos suficientes, equipos tecnológicos en mal estado, carencia de vacaciones dignas y .

Ante este escenario, los empleados exigen elevar el salario mensual de 9 mil a 19 mil 164 pesos, aumentos anuales conforme a la inflación, jornadas de ocho horas de cinco días a la semana, la eliminación de labores extraordinarias en fines de semana y contratos formales con prestaciones de ley para quienes cobran por honorarios. Para financiar estas mejoras, propusieron restituir los recortes por 6 mil millones de pesos impulsados por la Cámara de Diputados para el próximo año. La protesta contempla la suspensión de actividades en 750 módulos distribuidos en 20 estados, entre ellos Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz.

Respuesta institucional y denuncias en el organismo

La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, solicitó al personal trabajar bajo protesta; sin embargo, los representantes rechazaron la propuesta al señalar que no pueden comprometer la suspensión del paro. Por su parte, el INE reconoció las demandas de su personal, admitió que no pudo evitar el cierre de actividades y aseguró que existe disposición para mantener el diálogo y revisar las distintas áreas de operación.

En paralelo a este conflicto laboral, el instituto presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República a fin de que investigue posibles conductas constitutivas de delito en la gestión de la ex presidenta Guadalupe Taddei y de otros funcionarios, una acción orientada a salvaguardar la legalidad y la correcta administración de los recursos públicos sin distinción de personas o periodos.