OIC del INE denuncia presuntos delitos en contratos por 2 mil 461 mdp

El Órgano Interno de Control del INE formalizó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra exfuncionarios y proveedores por posibles delitos en la gestión de contratos electorales.

Las acusaciones y los involucrados

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, notificó a la Cámara de Diputados la presentación de seis denuncias penales. Las investigaciones se centran en la presunta comisión de delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, cohecho, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y uso de documentos falsos.

Entre las personas señaladas en el entorno de estas denuncias se encuentra la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el contratista Alfredo Hernández Casillas. El OIC también ha emplazado a ocho servidores y exservidores públicos, así como a una persona moral, para comparecer ante procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas graves.

Antecedentes de contratación

La investigación del OIC se deriva de un esquema de contrataciones que involucra a cinco empresas vinculadas entre sí, las cuales habrían simulado competencia para obtener contratos con organismos electorales. Según lo expuesto ante el Poder Legislativo, estas firmas recibieron recursos por un total de 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.

Las empresas involucradas cuentan con accionistas comunes, identificados como los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. El OIC ha señalado que, de advertirse nuevos hechos que constituyan delitos, se ampliarán las denuncias ante las autoridades competentes.

Medidas de contención y crisis institucional

Ante la crisis administrativa, el INE ha aprobado medidas de emergencia que incluyen la realización de auditorías externas y la solicitud de revisiones urgentes a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual abarcará adquisiciones de los últimos 25 años.

Especialistas en transparencia han advertido que el instituto atraviesa una crisis de confianza sin precedentes. Se ha señalado que y que resulta necesario un proceso profundo de rendición de cuentas para evitar que intereses particulares comprometan la organización de los procesos electorales de 2027.