Opinión | Sheinbaum prepara decreto presidencial para exigir a redes sociales moderar contenidos

El Gobierno de México conformó un grupo de trabajo interinstitucional y prepara un decreto presidencial para exigir que las empresas de redes sociales retiren publicaciones que inciten a la violencia. Esta medida responde a agresiones recientes en escuelas y busca garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales.

Una respuesta institucional frente a la violencia

La iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum surge tras el ataque perpetrado con armas blancas en la Escuela Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila, donde dos exalumnos mayores de edad agredieron a personal y estudiantes, hecho en el que una integrante del equipo directivo perdió la vida, además de otro episodio registrado en Querétaro. Ante estos hechos, el Gobierno federal busca regular el impacto de los entornos virtuales en los menores.

Obligaciones tecnológicas y coordinación de alto nivel

El grupo interinstitucional está coordinado por la titular de la Consejería Jurídica, Luisa María Alcalde, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como instituciones académicas como la UNAM y el IPN. Las principales empresas tecnológicas respaldaron en mesas de diálogo las medidas del decreto presidencial, que incluirá la habilitación de canales de enlace disponibles las 24 horas para atender requerimientos de la autoridad.

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El borrador prevé la obligación de bajar contenidos vinculados con discursos de odio, extremismo violento, acoso digital, explotación sexual y otras publicaciones que pongan en riesgo la integridad de los menores, además de conservar evidencia digital y emitir notificaciones inmediatas ante cualquier amenaza a la vida o integridad de las personas.

El balance frente al debate sobre la censura

Frente a inquietudes sobre si estas medidas podrían derivar en restricciones a la libertad de expresión, la mandataria aclaró que los lineamientos buscan ser precisos para evitar caer en la censura. Por su parte, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, puntualizó que consultar publicaciones o expresarse en redes sociales no constituye por sí mismo un delito, por lo que las labores de inteligencia se concentran en distinguir entre una manifestación ordinaria, un contenido de riesgo y una amenaza real que demande intervención inmediata para resguardar a las comunidades escolares.

Qué sigue

El decreto presidencial será publicado en el Diario Oficial de la Federación, tras lo cual la ATDT participará en el seguimiento técnico de las medidas y el CNI mantendrá el seguimiento de redes, foros y mensajería digital para detectar patrones o posibles llamados a cometer actos de violencia, mientras el Gobierno federal prevé analizar reformas para normar el acceso a redes sociales de niñas, niños y adolescentes.

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