Expertos exigen a autoridades no manipular estadísticas de violencia en Quintana Roo

Especialistas en seguridad pública señalaron que las cifras oficiales de delitos en Quintana Roo presentan inconsistencias metodológicas que ocultan la realidad de la violencia en la entidad.

Cuestionan veracidad de datos oficiales

Durante el Foro “Seguridad y Justicia en el Caribe Mexicano”, el analista Gustavo Miranda García afirmó que las autoridades utilizan artilugios legales para clasificar crímenes violentos bajo otras categorías. Según el especialista, mientras las cifras oficiales reportan una reducción en homicidios dolosos, se observa un incremento desproporcionado en homicidios culposos y en el registro de personas desaparecidas y no localizadas.

Miranda García detalló que Quintana Roo se encuentra por encima de la media nacional en 12 de 15 delitos, ocupando el primer lugar en homicidio culposo, trata de personas y delitos contra la libertad personal. El analista advirtió que la falta de información completa y en tiempo real impide la toma de decisiones acertadas ante la crisis de seguridad que enfrenta el estado.

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La brecha entre la cifra negra y la denuncia

Para obtener un diagnóstico preciso, expertos han recurrido a encuestas propias y tecnología para estimar la «cifra negra» de delitos no denunciados. Los datos presentados indican que, en casos como la violencia familiar, la cifra real de expedientes superaría en un 39.2% a las carpetas de investigación oficiales. Situaciones similares se reportan en extorsión, con una diferencia del 71.9%, y en robo a transeúnte, con un 60.2%.

Por su parte, la Coparmex en Cancún, encabezada por María Jovita Portillo Navarro, informó que nueve de cada 10 delitos de extorsión no se denuncian debido a la desconfianza en las autoridades y el miedo a represalias. Este fenómeno obliga a las pequeñas y medianas empresas a destinar hasta un 20% adicional de su presupuesto a medidas de seguridad privada.

Contexto nacional y metodología

A nivel federal, especialistas han cuestionado la validez de las estadísticas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que existen fallas técnicas en la metodología de medición. Académicos señalan que la reclasificación de crímenes dolosos como «otros delitos contra la vida» y los cambios en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) buscan alinear las cifras con una narrativa de pacificación.

Según datos del INEGI, la percepción de inseguridad pública en el país ha mostrado una tendencia al alza, alcanzando el 63% en el último año, contrastando con el discurso oficial sobre la disminución de delitos de alto impacto.

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