ASF denuncia a Samuel García por presunto desvío de 7 mil mdp

La Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el gobierno de Samuel García en Nuevo León por una presunta triangulación de más de 7 mil millones de pesos detectada en la Cuenta Pública 2025.
Compartir por WhatsAppRutas financieras y triangulación de recursos
El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, expuso ante la Cámara de Diputados los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2025, donde se identificaron esquemas de simulación de operaciones y triangulación de fondos públicos en la administración estatal.
La denuncia, presentada el pasado viernes 16 de octubre bajo el expediente 1231 y la auditoría 1492, detalla que la operación principal comenzó con una transferencia de 5 mil 851 millones de pesos del gobierno estatal a una empresa constructora, la cual envió posteriormente 5 mil 154.6 millones a una segunda compañía.
✉️ Recibe lo importante del día en tu correo. Suscríbete gratis →A través de cuatro rutas financieras que involucraron a constructoras, comercializadoras y empresas de servicios, la Auditoría identificó que alrededor de 728.13 millones de pesos terminaron en cuentas vinculadas a un despacho jurídico.
Vínculo familiar y destino de los fondos
Los recursos transferidos llegaron a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, un despacho relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, de acuerdo con los datos presentados por la Auditoría Superior de la Federación.
El esquema financiero detalla que, además de la constructora principal, se detectaron pagos por 964 millones de pesos a una comercializadora y 243 millones a una empresa de servicios, cuyas rutas de triangulación concluyeron también en transferencias hacia la firma jurídica mencionada.
Hasta el momento, los señalamientos corresponden a presuntas irregularidades, por lo que la Fiscalía General de la República deberá investigar los hechos para determinar si existen responsabilidades penales y esclarecer la justificación de los movimientos.
Qué sigue
La Fiscalía General de la República analizará la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación y el expediente registrado para deslindar responsabilidades, verificar la existencia de servicios reales que respalden los pagos y determinar las sanciones correspondientes para los implicados.
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