Sheinbaum pide auditar contratos del INE en la gestión de Córdova

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió transparentar y auditar los contratos otorgados por el INE durante administraciones anteriores, incluyendo la de Lorenzo Córdova.
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Tras la renuncia en el INE, Sheinbaum pide auditar los contratos anteriores. La presidenta solicitó revisar las contrataciones durante la gestión del expresidente del instituto, Lorenzo Córdova.
El objetivo es transparentar vínculos de proveedores sancionados por la Unidad de Inteligencia Financiera. El titular de la UIF, Pablo Gómez, señaló en el pasado liquidaciones en el instituto que calificó como ilegales.
✉️ Recibe lo importante del día en tu correo. Suscríbete gratis →Córdova recibió un finiquito de casi un millón 900,000 pesos, aunque Morena estimó compensaciones por nueve millones. Esta revisión abre el debate sobre posibles responsabilidades administrativas en administraciones previas del árbitro electoral.
Contexto y datos
Según *El Financiero*, el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum surge tras el escándalo relacionado con presuntos conflictos de interés entre funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y empresas proveedoras. La mandataria federal precisó que estas empresas, vinculadas con la administración de Guadalupe Taddei, ya habían sido sancionadas previamente por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
De acuerdo con *SIPSE* y datos retomados de *Milenio*, al concluir su gestión en el INE en 2023, el exconsejero presidente Lorenzo Córdova Vianello recibió un finiquito cercano a 1.9 millones de pesos, el cual fue catalogado como la compensación más alta entre sus predecesores. Sin embargo, el titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, calificó dichas liquidaciones como ilegales por carecer de sustento constitucional.
Por su parte, según la misma fuente, el partido Morena estimó que la cifra real de las compensaciones otorgadas a Córdova Vianello podría ascender a aproximadamente nueve millones de pesos, esto al considerar prestaciones como el seguro de separación individualizado. Esta revisión de las administraciones pasadas busca esclarecer la legalidad de los recursos entregados y los vínculos con proveedores señalados.
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Con información de
El Financiero · Expansión Política · SIPSE

