Expulsan a representación mexicana de magistrados por apoyo a la reforma judicial

La Unión Internacional de Magistrados (UIM) votó la expulsión de la CONATRIB tras su apoyo a la reforma judicial en México. Mientras la representación mexicana defendió el acatamiento a la soberanía popular, el organismo internacional señaló violaciones a la apoliticidad e independencia judicial.

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Con 53 votos a favor y 13 en contra, expulsaron a la representación mexicana. El organismo internacional resolvió expulsar a la CONATRIB tras respaldar la elección popular de jueces y magistrados aprobada en septiembre de 2024.

La UIM advirtió que la postura de la representación mexicana vulnera la apoliticidad y la independencia judicial exigidas en sus estatutos. Por su parte, la CONATRIB sostuvo que la reforma es producto de la soberanía popular y que tenía la obligación constitucional de acatarla.

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Esta expulsión afecta la representación internacional de los jueces del país y abre el debate sobre el impacto de la reforma en la impartición de justicia. Según el Censo Nacional de Impartición de Justicia del INEGI, en el país operaban 5,200 dieciséis personas juzgadoras al cierre de 2024.

Organizaciones como JUFED celebraron la decisión del organismo internacional, mientras los tribunales locales deben ajustar su función ante el nuevo marco constitucional.

Contexto y datos

El procedimiento de expulsión contra la CONATRIB tuvo su origen en un pronunciamiento emitido por dicho organismo el 28 de junio de 2024, en el cual manifestaron su respaldo a la elección popular de jueces y magistrados. Tras la entrega de un informe de la asociación mexicana en junio de 2025, relatores de Argentina y España concluyeron que la respuesta no desvirtuaba las preocupaciones de la UIM sobre la vulneración de los principios de designación por mérito, inamovilidad e independencia judicial. La votación definitiva, realizada de manera secreta el pasado 17 de octubre, alcanzó cerca del 80% de los sufragios, superando el umbral de dos tercios requerido por los estatutos del organismo internacional.

En cuanto al panorama operativo del sistema judicial, el Censo Nacional de Impartición de Justicia del INEGI detalla que, al cierre de 2024, el país contaba con 5,216 personas juzgadoras y 1,416 magistradas, con una distribución de género que favorece a los hombres en ambos rubros. De acuerdo con el mismo informe, el presupuesto ejercido en 2024 por el Poder Judicial de la Federación y los poderes estatales sumó un total de 134,897 millones de pesos corrientes. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la gestión de Hugo Aguilar Ortiz, ha implementado medidas para mitigar el rezago, logrando reducir los tiempos de turno de expedientes de tres meses a un periodo de entre 15 y 20 días, según declaraciones recogidas por Infobae México.

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